La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de obligaciones para el empresario con respecto a la protección, la seguridad y la salud de los empleados.
Estas obligaciones establecen la necesidad de implantar un plan de actuación en prevención que de respuesta a todos los requisitos legales. El incumplimiento de estas obligaciones está sancionado administrativa civil y penalmente cuando se genera algún tipo de daño a la seguridad y la salud de los trabajadores.
Si bien la Ley de Prevención establece la existencia de técnicos en prevención debidamente cualificados, el empresario es el responsable máximo de la Prevención en la empresa, de ahí que deba conocer sus obligaciones y responsabilidades.

Los sistemas de Gestión de la Prevención que señala la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son los siguientes:
1- Asunción por el propio empresario: sólo posible en empresas de menos de 6 trabajadores.
2- Designación de trabajadores: Opción para pequeña empresa. Estos trabajadores deben recibir formación específica y dedicar una parte importante de su jornada a la Prevención de Riesgos.
3- Servicio de Prevención propio: obligatorio para empresas de más de 500 trabajadores o de 250 trabajadores en actividades peligrosas.
4- Contratación de un servicio de Prevención ajeno: Aplicable a empresas de menos de 500 trabajadores que no opten por la designación de trabajadores para este cometido.
Las tres primeras opciones señaladas deben ser sometidas, al menos quinquenalmente, a una Auditoría específica en materia de Prevención. Estas auditorías tienen un importante coste económico. La cuarta opción es la más ventajosa para las empresas, ya que proporciona una gran tranquilidad el hecho de poner en manos de los especialistas un tema clave en la gestión empresarial.

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